Bogotá, 30 abr (PL) A cinco meses del pacto de paz con las FARC-EP, el gran desafío es lograr su implementación para garantizar el desarme de esa guerrilla, la mayor de Colombia, y la eficaz reincorporación de sus integrantes a la vida civil.
En opinión de analistas como León Valencia las demoras gubernamentales en la adecuación de los campamentos provisionales para los antiguos combatientes, donde deberán abandonar el armamento en su poder, podría enviar un mensaje negativo y desalentador de cara a los retos futuros del proceso como la fase de reinserción en la sociedad.
Unos siete mil iembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) permanecen concentrados en 26 lugares del país, pese a que el Ejecutivo no ha concluido aún la construcción de la infraestructura necesaria para convertirlos en habitables.
Nos preocupa la aplicación del tratado firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de nuestra organización, Timoleón Jiménez, advirtió el comandante Carlos Antonio Lozada, uno de los voceros de ese grupo.
Dicho documento contempla entre sus medidas la instauración del cese el fuego bilateral y la dejación de armas; asimismo prevé mecanismos para sustituir progresivamente los cultivos cocaleros por otros plantíos de conjunto con las comunidades y disposiciones encaminadas a transformar el campo mediante una reforma rural integral.
El atraso en la habilitación de los alojamientos para las FARC-EP demuestra la incapacidad de la actual administración para cumplir lo concertado así como la desidia de funcionarios comprometidos con esa tarea, manifestó el dirigente y portavoz de la agrupación insurgente.
A las fallas en la preparación de las zonas y puntos transitorios se adicionan otras complicaciones como la lentitud para tramitar y expedir las leyes indispensables en la presente fase, expresó Valencia quien se desempeña como director de la Fundación Paz y Reconciliación.
La proliferación de grupos paramilitares es otra de las amenazas latentes, estructuras a las que las FARC-EP responsabilizan con el asedio y asesinato de familiares de guerrilleros.
No obstante los tropiezos, los antiguos combatientes han reiterado su disposición para honrar la palabra empeñada.
Con la intención de articular acciones para respaldar los consensos suscritos por Santos y Jiménez así como su ejecución, surgió la idea de fundar el Congreso Nacional de Paz, con ecos en todos los territorios de la nación.
La paz es mucho más que un pacto; su implementación resulta decisiva, declaró a Orbe el senador Iván Cepeda, quien alertó nuevamente sobre las maniobras orquestadas por sectores de derecha para poner un freno o sabotear el llamado postconflicto.
Otra de las prioridades de esa convergencia de organizaciones sociales y políticas es impulsar las pláticas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), menos numeroso que las FARC-EP pero igualmente activo hace medio siglo, agregó.
Dichas conversaciones comenzaron el pasado 7 de febrero en Quito, Ecuador, y persiguen conseguir un escenario de distensión duradero y más abarcador. (Tomado de Semanario Orbe)
Colombia apuesta por la paz
Por Adalys Pilar